La Fiscalía Anticorrupción pide al juez que Ana Paula Rufas, esposa de José María Enríquez Negreira, continúe imputada al considerar que no ha justificado suficientemente la procedencia de los fondos que la Guardia Civil sostiene que han pasado por sus cuentas de forma sospechosa.
Según el Ministerio Público, «aparecen» en las cuentas de la mujer el ex número dos de los árbitros «tres millones de euros de ingresos que se retiran con posterioridad, dejándose las cuentas sin saldo alguno». Todo ello, con unos ingresos oficiales registrados de «151.000 euros» entre los años «2011 y 2018» que procedían de las empresas con las que su marido facturó al FC Barcelona.
Cabe recordar que Rufas ha defendido recientemente ante el instructor del ‘caso Negreira’ que el grueso de los ingresos en sus cuentas denunciados por la Guardia Civil tiene en su origen en la venta de terrenos familiares en Huesca.
Los investigadores sospechan, sin embargo, que ha llevado a cabo operaciones que pueden corresponder a nuevas comisiones ocultas de su marido, investigado por ingresar ocho millones de euros del Barcelona durante dos décadas, y al que el juez le atribuye haber cobrado del club azulgrana con el objetivo de alterar los arbitrajes a su favor.
La defensa de Rufas, dirigida por el letrado Daniel Pérez-Esqué, ha entregado ya los documentos relacionados con los tres ingresos concretos que la Guardia Civil y el juez Joaquín Aguirre consideran más sospechosos. Se trata, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, de tres pagos a cuenta correspondientes a la venta de un terreno de los consuegros del ex número dos arbitral y que fueron a parar a una cuenta bancaria en la que Rufas figura como cotitular junto a sus padres. Concretamente son ingresos que ascienden a 6.000, 12.000 y 121.000 euros, respectivamente.
La operación de compraventa referida versa sobre un terreno urbanizable de dos hectáreas denominado El Llano; y sobre otro más pequeño, que recibe el nombre de La Isola, de 20 áreas de extensión. Ambos se encuentran inscritos en el registro de la localidad oscense de Boltaña y corresponden al municipio vecino de Fiscal.
Las fincas fueron vendidas por 552.910,89 euros en abril de 2006 a la constructora Bajén. En un anexo al contrato de compraventa rubricado por la familia de Ana Rufas y la constructora se acordó, además, proceder a unos primeros pagos de 6.000 y 12.000 euros antes de firmar la compraventa ante notario. Y de un segundo de 121.727,72 euros en el momento de rubricar la escritura.
Estas cantidades, abonadas de manera inmediatamente posterior a la operación, son las que apuntaba directamente la Guardia Civil en su último informe. No en vano, los agentes presentan estos ingresos como el más claro ejemplo de transacciones de la mujer del ex dirigente arbitral en las que «a priori no existe justificación en los registros disponibles». Al mismo tiempo recalcan que las mismas se caracterizan por «operativas inusuales», al detectar el ingreso de cheques que no contemplan ni la «descripción de su procedencia» ni «el propósito de la transacción».
A pesar de estas explicaciones, la Fiscalía Anticorrupción considera que se mantienen los indicios de que Rufas pudo incurrir en un delito de blanqueo de capitales, pide que su recurso sea rechazado y se mantenga su imputación en la causa.
