La pretensión del Gobierno de que el ‘caso Begoña‘ no se extendiera en el tiempo y supusiera un elemento de desgaste político y personal no ha dado sus frutos. Todas las manzanas estaban en el canasto de la Audiencia Provincial de Madrid, para que esta institución ordenara al juez Juan Carlos Peinado archivar la investigación contra la mujer del presidente del Gobierno. No sucedió así. Y, ahora, uno de los últimos cartuchos que le quedaban a La Moncloa, la querella interpuesta por Pedro Sánchez contra el juez por prevaricación ha sido rechazada por unanimidad por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Fuentes del Gobierno «respetan» esa decisión, pero no la comparten, y censuran los argumentos empleados, calificando de «manifestaciones inusuales e innecesarias para la motivación jurídica del auto».
«No se vulnera de forma arbitraria y sin razón comprensible la norma aplicable, por lo que no se puede tachar de prevaricadora la actuación del querellado. Por el contrario, se ajusta a la previsión normativa», afirma el TSJM. Los magistrados sostienen que la mera discrepancia con una resolución judicial, por muy errónea que pudiera considerarse, no puede ser constitutiva de delito de prevaricación. Añaden que para ello sería necesario que la resolución fuera «manifiestamente injusta».
Fuentes del Gobierno muestran su «sorpresa» por los argumentos que exponen los jueces y defienden que la Presidencia del Gobierno y la Abogacía del Estado, la institución que usó Sánchez para interponer la querella por prevaricación, «únicamente pretenden preservar la garantía del ejercicio de un derecho que corresponde a la institución y ver si su vulneración podría constituir un ilícito penal».
En La Moncloa siguen defendiendo, tal y como describía el escrito de la querella, que el verdadero fin de llamar a declarar de forma presencial al presidente del Gobierno era «convertir esa declaración en un instrumento para perjudicar políticamente al Ejecutivo instrumentalizando un procedimiento judicial». Y que la filtración de las imágenes de Sánchez declarando suponen que esa sospecha «se ha revelado cierta». «El mismo día que el juez envió a las acusaciones particulares (diversas organizaciones ultraderechistas, fundamentalistas y antivacunas) la declaración, esta fue filtrada a numerosos medios de comunicación», defiende fuentes gubernamentales.
Lo cierto es que el Gobierno suma un nuevo revés. Desde hace semanas, incluso meses, su estrategia pasa por defender que estamos ante una «causa política» y no una causa judicial. Y que el juez Peinado lleva «seis meses pedaleando en la nada». «No hay nada»; «no hay caso»; «tranquilidad, por que no hay nada» defienden día tras día los ministros y portavoces del PSOE. Pero, de momento, el Ejecutivo no ha podido anotarse tanto alguno, mientras que el juez Peinado ve avalada su pretensión de mantener la investigación judicial a Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
«Pronto la Justicia archivará esa denuncia. Porque lo único que hay es fango, una colección de bulos y de difamación, de informaciones manipuladas y acusaciones veladas que no dan para más», fue el vaticinio que hizo Sánchez en mayo. Desde entonces los ministros, incluido el de Justicia, Félix Bolaños, han lanzado mensajes al juez para que archivara la causa. Pero, a día de hoy, ésta sigue abierta y amenaza con convertirse en un elemento de desgaste político y personal para el presidente del Gobierno en esta legislatura.
«Como dijo el filósofo y estadista Alberto Núñez Feijóo, el caso Peinado no es como empieza, sino como acaba», exponen a EL MUNDO desde el núcleo más cercano de Sánchez. La convicción sigue siendo que la causa «quedará en nada», pero el propósito de ponerle fin no se ha cumplido. «Nuestra obligación como Gobierno es, como siempre, defender la legalidad, el Estado de Derecho y las instituciones», dicen en La Moncloa.
