El Gobierno de Giorgia Meloni ha aprobado este lunes un decreto para establecer por ley la lista de «países seguros» de donde proceden los inmigrantes y blindar así sus controvertidos centros de reclusión en Albania.
Meloni reacciona así a la decisión de la Justicia italiana de vaciar el centro de retención en Albania, donde permanecían 12 inmigrantes de Egipto y Bangladesh, y obligar a su traslado a Italia, lo que ha indignado al Ejecutivo.
«Esto convierte en una norma primaria (…) para ofrecer la aplicación de una ley de interpretación inequívoca, a nuestro juicio. Lo digo con gran respeto por la magistratura», dijo en una rueda de prensa el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, informa Efe.
Uno de los aspectos más controvertidos de los centros migratorios en Albania son los costes. La construcción de los dos centros albaneses de Shengjin y Gjader han costado un total de 65 millones de euros; a lo que hay que sumar un mantenimiento de 120 millones de euros anuales y multiplicarlos por los cinco años que dura el actual Protocolo entre Italia y Albania, y que podría verse ampliado otros cinco años más-.
Según estimaciones publicadas por la prensa italiana, el conjunto de la operación del Gobierno de Giorgia Meloni en Albania, incluyendo las travesías de la Armada desde Lampedusa hasta el puerto de Shengjin, podría costar un total de unos 1.000 millones de euros a lo largo de los primeros cinco años del acuerdo migratorio entre Roma y Tirana.
En los medios de comunicación transalpinos, en las últimas horas, está causando cierta polémica un correo electrónico enviado por Marco Patarnello, magistrado del Tribunal Supremo italiano. En el mensaje, dirigiéndose a un grupo de colegas jueces, asegura que «indudablemente», el ataque del Gobierno italiano a la Justicia «nunca había sido tan fuerte», asegura, «ni siquiera en los tiempos de Silvio Berlusconi».
Para el jurista del Supremo, el ataque del Ejecutivo a la Justicia es mucho más «peligroso e incisivo», asegura, «porque Meloni no tiene juicios abiertos a su nombre»; de modo que la primera ministra transalpina no se mueve por «intereses personales, sino por visiones políticas» lo cual, admite el magistrado, «la hace más fuerte».
En la misiva, Marco Patarnello, añade también una serie de autocríticas como miembro del colectivo judicial italiano, al asegurar que la magistratura del país está «mucho más dividida y débil» e incluso «aislada de la sociedad» -respecto a la época en la que Silvio Berlusconi era presidente del Gobierno italiano-, a lo que «hay que ponerle remedio, podemos y debemos hacerlo o, por lo menos, intentarlo».
Y añade: «La compactación y homogeneidad de esta mayoría parlamentaria», la del Gobierno de Meloni, «es mucho mayor respecto al pasado» y «su fuerza política es enorme», lo cual podría según Patarnella incidir en el «equilibrio constitucional» del país. Y concluye advirtiendo que «el peligro de una judicatura que no sea verdaderamente independiente es altísimo» pero donde «no hay que hacer oposición política», sino «defender la Justicia y el derecho de los ciudadanos de disponer de un juez independiente».
El correo electrónico, de carácter privado, fue publicado el sábado pasado por el diario romano Il Tempo y Giorgia Meloni se ha hecho eco del mensaje del juez a través de sus redes sociales con el objetivo de alimentar la polémica contraponiendo el Gobierno y la Justicia como si fueran Ejecutivo y oposición. No es casual, dado que Marco Patarnella es un magistrado de corte progresista y aunque su reflexión fuera institucional, el contenido del correo ha aumentado la crispación política en las últimas horas.
«Gravedad inaudita»
El vicepresidente del Gobierno italiano, el leguistaMatteo Salvini, asegura que el juez Patarnella «tendría que ser despedido». El líder de la Liga y socio de minoría de Giorgia Meloni en su ejecutivo nacionalista, afirma que si el correo «fuera cierto, sería de una gravedad inaudita» sin tener en cuenta la completitud del sentido del mensaje electrónico, sobre todo en su parte final.
La situación de conflicto institucional entre el Ejecutivo y la Justicia está siendo motivo de atención, en los últimos días, incluso para el jefe del Estado, el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella. Como garante de la Constitución transalpina, Mattarella se encuentra frente a uno de los mayores enfrentamientos institucionales desde que, hace dos años, Giorgia Meloni se convirtiera en primera ministra.
El jefe del Estado subraya la importancia del diálogo entre los poderes públicos, donde hay que saber, ante un clima de tensión entre poderes como el actual, «ejercer la capacidad de mediación y de síntesis» institucional. Lo cual, destaca el presidente de la República, «es una parte esencial de la vida democrática dado que las instituciones pertenecen y responden a toda la colectividad; y donde todos tienen que poder reconocerse en ellas».
