El juez Santiago Pedraz ha rechazado este lunes admitir a trámite la querella del Partido Popular contra el PSOE por financiación ilegal. El magistrado de la Audiencia Nacional considera que el PP no aporta elementos concretos en lo que apoyar su petición de abrir una investigación contra el Partido Socialista dentro del llamado ‘caso Hidrocarburos‘.
La querella del PP inadmitida iba dirigida, además de contra el PSOE, contra los empresarios Víctor de Aldama, su socio Claudio Rivas y contra Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, por supuestos delitos de blanqueo, cohecho, tráfico de influencias y financiación ilegal. El magistrado ha acordado además mantener a Aldama en prisión incondicional.
En un auto, en línea con el informe de la Fiscalía Anticorrupción, Pedraz señala que para admitir la querella debe analizarse si los datos ofrecidos de forma anónima en la información periodística son suficientes como para iniciar la investigación.
El magistrado recuerda que una denuncia anónima tiene plena validez para iniciar una investigación, pero «siempre que las informaciones vengan avaladas por datos corroboradores, o que sean esas mismas las que funcionen como elemento confirmador de otros, sin necesidad de desvelar la identidad del informador».
La jurisprudencia, explica el instructor, requiere que esas informaciones «estén sustentadas en algún dato, hecho o circunstancia de conocimiento que sirva para delimitar una conducta típica y su atribución a la persona querellada». Y que, «con carácter general, una noticia por sí sola no legitima a ningún accionante popular para convertir el relato periodístico en un relato de hechos punibles desencadenantes del proceso penal. Se precisa algo más.»
Para Pedraz, en el caso de la querella del PP, ese «algo más» según se sigue de la lectura de lo relatado en la querella no se da, «pues de lo actuado hasta la fecha en la presente causa no aparece vinculación alguna con lo denunciado».
En el mismo auto, titular del Juzgado central de Instrucción 5 admite la personación como acusaciones populares del PP, Manos Limpias, la Asociación Hazte Oír y Vox, previa fianza de 10.000 euros.
En otra resolución, el magistrado mantiene en prisión sin fianza al empresario Víctor de Aldama para evitar que pueda obstruir la acción de la justicia.
En un auto, en el que rechaza el recurso de reforma de este empresario, Pedraz recuerda que se han acordado múltiples diligencias que «aún están pendientes» y que queda por analizar todo lo hallado en los registros. Añade que una parte importante de lo defraudado, casi 74 millones de euros, podría haber sido transferido a cuentas en el extranjero, por lo que es preciso proceder a su localización y bloqueo, así como determinar las operaciones de blanqueo presuntamente ejecutadas, unas medidas «que se verían frustradas o, al menos, dificultadas, si el investigado se encontrara en libertad».
